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Jueves, 31 Julio 2014

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"Si la Historia pudiese enseñarnos algo, sería que la propiedad privada está inextricablemente unida con la civilización." -- Ludwig Von Mises

El Controversial Impuesto a los Activos

 

Autor: María Arthur Rodger

Fuente: Arthur & Castillo Abogados

 

Al igual que en algunos países Latinoamericanos, la República Dominicana introdujo dentro de su sistema tributario un impuesto a los activos empresariales. En nuestro país, el Impuesto sobre  Activos (ISA) grava con un 1% anual el valor total de los activos (inmuebles, efectivo, cuentas por cobrar, automóviles y equipos, inventario y mercancía en tránsito, entre otros), que figuren en el balance general de las personas jurídicas o negocios de único dueño al cierre de su ejercicio fiscal.

La creación de este impuesto surgió a raíz de la necesidad de crear un mecanismo de fácil recaudación y fiscalización que contrarrestara la evasión del Impuesto sobre la Renta y la falta de eficiencia o recursos de las Administraciones Tributarias. De ahí que, empresas que declararan sin operaciones o con pérdidas, se verían obligadas a pagar un mínimo de impuesto calculado sobre la base de sus activos.

Muchos de los países que implantaron un impuesto similar al ISA luego lo erradicaron o fue declarado inconstitucional por los tribunales. En Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Honduras, los tribunales lo declararon inconstitucional, por violar los Principios de Capacidad Contributiva, de no Confiscatoriedad, de Igualdad y de Razonabilidad, entre otros. Cabe también mencionar el caso de México, en el cual el rechazo generalizado a dicho impuesto produjo más de 10,000 demandas de amparo, produciendo su eventual eliminación.

En el caso dominicano, la ley de ISA no contempla exenciones para sociedades de nueva creación durante sus primeros años de operación, un mínimo exento en base a ingresos brutos o monto de activos, la deducción de los pasivos, ni la posibilidad de compensar el pago de ISA con los anticipos de Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes quedan sujetos a la aplicación del ISA a menos que los mismos gocen de exención en el Impuesto sobre la Renta, puedan acogerse al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), o sean exonerados a través de una norma o resolución de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como es el caso de las empresas agropecuarias y aquellas que cuentan con inversiones de capital intensivo[1].

Por los motivos anteriores, un contribuyente de ISA estará obligado al pago de dicho impuesto sin importar que se encuentre en periodo de inicio de operaciones y sufra pérdidas. Cuando cualquier contribuyente sufre pérdidas, o sus ganancias no generan un pago de Impuesto sobre la renta superior al que le correspondería pagar por ISA, tendrá que pagar por este último concepto. ¿No es mejor aliviar el arduo camino del emprendedurismo y fomentar una economía en crecimiento? ¿Deben estos contribuyentes tomar un préstamo o disponer de alguno de sus activos para pagar el ISA?

Los activos de un contribuyente no necesariamente reflejan su capacidad de contribuir al fisco y, de conformidad con nuestra Constitución[2], solo deberíamos contribuir con las cargas públicas en proporción a nuestra capacidad económica, por lo que, si generamos pérdidas no tenemos con qué contribuir.

Además, cuando se otorgan amplias exenciones de impuestos a diferentes sectores de la economía, aquellos a quienes finalmente les aplica el impuesto podrían ser víctimas de desigualdad tributaria[3].

Por otro lado, cuando el contribuyente sacrifica sus bienes para pagar el ISA, esto deviene en confiscatorio y lesiona el goce y garantías del derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución.

En virtud de lo arriba expuesto, nuestro Tribunal Constitucional podría, a petición de parte interesada, declarar inconstitucional[4] el Impuesto sobre los Activos (ISA) toda vez que nuestra Constitución también cuenta con principios de Capacidad Contributiva, Progresividad, Igualdad y no Confiscatoriedad[5]. Esta decisión sería definitiva e irrevocable y constituiría un precedente vinculante para todos los órganos del Estado.

Si bien el ISA surgió como una medida drástica para controlar la evasión, es preciso recordar que cuando entró en vigor en el año 2006, aun no existían los mecanismos de control con los que actualmente cuenta la DGII, tales como comprobantes e impresoras fiscales, las reglas de precios de transferencia, y su plataforma tecnológica con sistema de información cruzada. Tampoco existía la actual crisis económica mundial.

La eliminación del Impuesto a los Activos, sea mediante la iniciativa pública o mediante la reforma fiscal integral no solo contribuiría a salvaguardar la seguridad jurídica sino también a propulsar la inversión de capitales y el desarrollo de los negocios.

 

 


[1] Inversiones de Capital Intensivo son definidos por la Norma General No.3-06 de la DGII como “aquellas inversiones en una rama o proceso productivo que emplean más capital que otros factores de producción para la producción de bienes y servicios. Se considerara que una inversión es de Capital Intensivo, cuando el valor de los activos fijos netos adquiridos (maquinarias, equipos, bienes muebles e inmuebles) sea superior al 50% del total de activos del contribuyente.

[2] Artículo 75, numeral 6, de la Constitución

[3] Artículo 243 y 39 de la Constitución.

[4] Artículo 184 de la Constitución.

[5] Artículo 51 de la Constitución.

 

Autores: 
María Arthur Rodger
 
 

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